Proceso criminal contra García de Mirafuentes y Aybar (vecino y regidor de la ciudad de Tudela) por injurias y desacatos contra el rey. García de Mirafuentes se opuso a dar información al alcalde ordinario de Tudela (Jerónimo del Vayo)y participó además en un acto en el que se produjeron desacatos y resistencias contra el rey. Por este motivo fue denunciado y le debía juzgar el poder civil de dicha ciudad. El reo fue enviado a la prisión de Pamplona. Al alcalde de dicha ciudad, Diego de Castellanos, se dirigió la Inquisición para solicitar el proceso que estaba abierto contra García de Mirafuentes, porque era familiar del Santo Oficio y, por tanto, tenían jurisdicción en el citado proceso. Diego Castellanos les envió la copia del proceso junto con una carta redactada por un escribano. Sin embargo, el Tribunal de la Santa Inquisición afirmaba que dicha carta no tenía la cortesía suficiente y adecuada entre un alcalde y un inquisidor, motivo por el cual desconfiaban de su autoría y le aconsejaban que para otra ocasión tuviera más en cuenta esto, pues no era conveniente que hubiera malas relaciones por la correspondencia entre el poder civil y el poder eclesiástico (representado en el Tribunal de la Santa Inquisición). Finalmente, al tratarse de un delito contra el rey, fue juzgado por el poder civil, pero el Tribunal de la Santa Inquisición debía tener una copia de todo el proceso y estar informado en todo momento de su evolución. El reo fue condenado a una multa de 150 ducados y a dos años de destierro de la ciudad de Tudela.

La carta aquí transcrita presenta una anotación de otra mano en el margen superior del recto que probablemente fue realizado por algún miembo de la Inquisición. La nota dice: "En 24 de diciembre de 1635. Trajo esta carta al tribunal el señor Inquisidor San Vicente. Respuesta de la carta anterior".